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Un falso debate

Un falso debate genera titulares periodísticos y atrae la atención de comentarios en radio, televisión y redes sociales, provocando que un funcionario público que sólo ha de hablar en circunstancias que lo ameriten, como el gobernador del Banco Central, haya tenido que producir advertencias que no pueden ignorarse: me refiero a la propuesta de ralentizar las pensiones de los trabajadores formales, permitiéndoles que retiren un 30% de los ahorros dispuestos por ley para la garantía de un retiro con ingresos garantizados.

Los primeros que están percatados de la precaria factibilidad de la propuesta son quienes la agitan con objetivos muy alejados de su concreción, pero me limitaré  al rédito  político que persiguen.

Obsérvese que mientras líderes opositores como Luis Abinader y Eduardo Sanz Lovatón, del Partido Revolucionario Moderno, y Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo se han pronunciado en contra de la iniciativa, diputados de ambas organizaciones la apadrinan en el Congreso, apalancándose  detrás de un vocero del Partido Reformista, con absolutamente nada que perder y que por su temperamento, no es  persona adecuada para algo que se quisiera hacer progresar mediante el consenso.

La propuesta halla terreno fértil en la desesperación  y la ignorancia. Esos ahorros, que no son simplemente los ahorros, sino además el crecimiento generado con las ganancias en el manejo de los mismos, existen porque son una obligación de ley, y en el salario de los trabajadores representan una proporción del 10%. Si el carácter fuera voluntario o en cualquier momento se autorizaran retiros, un porcentaje muy bajo de la población  mantuviera un fondo de pensión.

No puede haber un liderazgo más  irresponsable que aquel que invite a renunciar a la posibilidad de una pensión digna o a postegar por varios años más el derecho a recibirla, para que las personas disuelvan sus ahorros para enfrentar una crisis que por otra parte el Estado dominicano ha estado asumiendo con grandes sacrificios para que las familias en confinamiento reciban  lo necesario para no exponerse al contagio de coronavirus que pudiera ser letal.

Esa decisión no haría otra cosa que empobrecer más a los trabajadores y le infligiría un daño terrible a una de las reformas sociales más importantes que se hayan alcanzado en la vida democrática del país, que ha sido de la seguridad social que además del salario monetario ha dispuesto de un paquete social que garantiza la prestación de servicios médicos, incomparablemente muy superiores a los que disponía la clase trabajadora,  pensión e ingresos de sobrevivencia para los familiares más cercanos en caso de que el trabajador fallezca en vida laboral activa.

El impacto macroeconómico de producir un pago de 177 mil millones de pesos, el equivalente al 30% que se está reclamando, tendría unos efectos inflacionarios tan fuertes que el supuesto beneficio recibido se convertiría  en sal y agua, como ha advertido Valdez Albizu, una crisis similar a la provocada en el 2003 con el hoyo de Baninter, que 17 años  después  aún cargamos sus terribles consecuencias.

Pero el objetivo no es lograr lo que se sabe que no se logrará, es entronizar en mucha gente que no está en capacidad de medir las consecuencias, la idea de que esos fondos no llegarán a sus bolsillos porque el gobierno se opone.

Se apunta hacia la entrega de los fondos, pero el objetivo es tratar de acorralar a quienes han demostrado mayor compromiso con la preservación de la estabilidad macroeconómica.

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