Irrespetamos la Ley 79-82 de Declaración de Bienes que depuró la Procuraduría durante más de 32 años de vida jurídica y, como van las cosas, la Ley 311-14 que monitorea la Cámara de Cuentas (CC) va por el mismo camino del manejo político y de la inobservancia de sus disposiciones.Como mecanismos de lucha contra la corrupción las Declaraciones Juradas de Patrimonios (DJP) nos permiten conocer el origen lícito de los bienes de funcionarios, pero en la realidad han sido manipulados y en complicidad con los órganos de fiscalización y persecución se manejan para encubrir y proteger fortunas ilícitas.

Por eso, los procesos de fiscalización de la CC y de persecución de la Procuraduría General de la Repúblicas (PGR) contra los funcionarios que violentan las DJP terminan archivados, desestimados o en el basurero, dejando la misma decepción y frustración en la población.

Lo que hace la Oficina de Fiscalización y Evaluación no es auditar las DJP, que es su papel reglamentario, sino clasificarlas entre las que cumplen con el tiempo de entrega y las que no cumplen por haber violado los plazos y envía los casos a la PGR, quien se encarga de investigar y pedir sanción.

Sin embargo, a siete meses de escoger a la Procuradora aún no estamos investigando a los funcionarios entrantes y salientes tipificados en el artículo 2 de la Ley que están obligados a cumplir los plazos y se han negado, según las denuncias de la CC que reposan en la PGR.

La misma Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) que dirige Doña Milagros Otiz Bosch, en su papel de prevenir la corrupción y de monitorear las DJP para que cumplan los plazos fijados por la Ley ha caído en un limbo jurídico que la ha convertido en una simple asesora o informante del presidente.

Aún se escoja una CC independiente en el Senado, que lo dudo, su Consejo Administrativo no investigará las DJP de los Ministros salientes y entrantes porque sabe que la mayoría de los inventarios son fraudulentos. Es increíble e inverosímil que los Ministros del PRM sean más ricos que los del PLD.

Hasta la intervención sancionatoria del presidente Luis Abinader se irrespeta. Suspendió a 36 funcionarios por incumplir los plazos de reportar su DJP pero quedaron 10 en rebeldías que, aunque están suspendidos y tal vez sin salario, deben ser cancelados de sus cargos como establece la Ley de Función Pública.

En el informe de la CC entregado a la Procuradora 2020 hay violaciones de todo tipo. 1,255 funcionarios no presentaron su DJP en 2016. 458 entregaron fuera del plazo. 1,677 entregaron de forma extemporánea. Y 1,028 no la actualizaron acorde a la nueva Ley.

Sin embargo, los más irresponsables fueron 3,960 funcionarios de Gobiernos Locales y la Senadora Yvonne Chahim Sasso, que omitieron su DJP y 545 que no presentaron su DJP al 15/12/ 2020 por cesar en sus funciones, se fueron a sus casas y se olvidaron de cumplir la Ley.

De estos funcionarios los más conocidos laboraron en el Mirex: Elías Serrulle, Humberto Salazar, José Miguel Soto Jimenez, Fausto Marino Mendoza, José Antonio Rodríguez, Brenda Sánchez, Joaquín Ricardo Balaguer, Luis Lithgow, Cosette Alvarez Lara y Melton Pineda.

También violaron la Ley: Rogelio Genao y Carlos José Rijo en Aeroportuaria. Rafael Ovalle en Infotep. Abigaíl Soto en Egehid. Rafael Peralta Romero y Diomedes Núñez Polanco en Biblioteca Nacional. Aristípo Vidal en Comisión Presidencial. Rafael Lara Pichirilo Unidad Agroforestal y Sergia Elena Mejía en Junta Monetaria.

A pesar de violar la Ley, estos políticos irresponsables andan en las calles y aunque sus nombres fueron enviados a la Procuraduría para ser investigados y pedir sanciones difícilmente se castiguen porque el sistema politico está podrido y la justicia está secuestrada.

Tenemos más de 3 décadas aplicando estos mecanismos anticorrupción y aún no se ha sancionado a ningún funcionario de acuerdo a la Ley con cárcel por falsificar la DJP, con la cancelación de su cargo por violar los plazos o con la incautación de bienes por omitir su DJP.

¿Se van o no a investigar a los violadores de las DJP? Todo parece indicar que el Senado escogerá la misma CC de reparto, que la Digeig y la PGR seguirán con la misma pasarela, que no habrá una justicia independiente y que en consecuencia aún se investiguen algunos, pocos o nadie caerá preso por violar las DJP.

La Oficina de Evaluación y Fiscalización hizo una parte de su trabajo, ahora toca a la procuraduría actuar y sancionar. De seguir con esta lentitud por falta de recursos o de fiscales seguiremos sin cumplir la Ley y fomentando que no haya sanción contra el delito.

Evitemos que este pueblo y la juventud vuelvan a protestar en contra de la impunidad, la corrupción, el soborno y el enriquecimiento ilícito pues nos mantendremos movilizados sin regreso a casa hasta que limpiemos el gobierno de los tramposos y bandidos de siempre.